Este domingo, México vivió una jornada sin precedentes al realizar, por primera vez en su historia, las elecciones nacionales para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a jueces y magistrados federales.
La reforma, impulsada por el gobierno federal, busca modificar de raíz la forma en que se eligen los integrantes del Poder Judicial, una decisión que ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía y la clase política.
A pesar del carácter histórico de esta elección, la participación ciudadana fue baja. El Instituto Nacional Electoral (INE) estimó una afluencia entre el 12 y el 13 % del padrón electoral, lo que equivale a poco más de 13 millones de personas. Este dato ha encendido el debate sobre el nivel de interés público en la reforma judicial y el alcance real de su legitimidad.
El proceso electoral incluyó la votación para elegir a nueve nuevos integrantes de la Suprema Corte. Entre los nombres que obtuvieron mayor respaldo en las urnas figuran Lenia Batres Guadarrama y Hugo Aguilar Ortiz, según los datos preliminares del INE. El conteo definitivo se dará a conocer en los próximos días.
Durante la noche del domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el resultado y calificó la jornada como un “paso firme hacia la democratización de la justicia”, señalando que México se convierte en el primer país del mundo en permitir que el pueblo elija a sus jueces supremos por voto directo.
Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas por la escasa participación y por los riesgos que implica politizar al Poder Judicial. Algunos analistas han advertido que la elección de jueces por voto popular podría comprometer la imparcialidad judicial y abrir la puerta a intereses partidistas dentro del sistema de justicia.
Las elecciones nacionales para ministras y ministros, fue posible gracias a una reforma constitucional aprobada a finales de 2024, que cambió por completo el modelo de selección judicial, hasta entonces basado en ternas propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Senado.
Aunque se trata de un evento inédito, los retos apenas comienzan. El principal será garantizar que los nuevos integrantes del Poder Judicial actúen con independencia, apego a la ley y sin comprometer los principios democráticos que dicen representar.
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