La victimización en la política mexicana es una estrategia recurrente: los políticos desvían críticas apelando a persecución, discriminación o violencia política. Cada acusación de corrupción rara vez se enfrenta con explicaciones puntuales o rendición de cuentas. En lugar de ello, el acusado se presenta como objeto de persecución, apelando más a las emociones que a los hechos.
Esta táctica ha sido utilizada tanto por políticos del oficialismo como de la oposición para fortalecer su narrativa, desviar la atención o neutralizar responsabilidades.
El caso más reciente es el del comentarista y académico Genaro Lozano, designado embajador de México en Italia. La Comisión Permanente aprobó su nombramiento el 20 de agosto de 2025. Lozano atribuyó a la homofobia los cuestionamientos en su contra, mientras críticos señalan que su nombramiento se debe más a su cercanía con el oficialismo que a su carrera diplomática. Así, la acusación de discriminación sirvió para desplazar la discusión de fondo sobre mérito y criterios de designación.
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Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, denunció acoso mediático cuando se cuestionó el financiamiento de un viaje a Tokio. El reclamo no giró en torno a la transparencia de los recursos, sino a la supuesta hostilidad de quienes exigían explicaciones. El 5 de agosto de 2025 aclaró que el viaje fue pagado con recursos propios.
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En febrero de 2024, la diputada Diana Karina Barranco fue acusada de nepotismo por una ciudadana. La legisladora respondió alegando violencia de género, invirtiendo los roles y sugiriendo que la denunciante era la verdadera agresora. Incluso se procedió legalmente: la sanción impuesta a la denunciante en junio de 2025 incluyó ofrecer disculpas públicas durante 30 días consecutivos.
“Te pido una
disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de
violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en
estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-
electorales…— Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) August 11, 2025
La oposición también ha recurrido a esta estrategia en momentos de crisis. Margarita Zavala ha buscado distanciarse del trágico incendio de la Guardería ABC, en el que murieron 49 niños el 5 de junio de 2009, denunciando ataques injustos a su trayectoria política pese a los vínculos familiares con los responsables. La relación de Zavala con dicho evento fue nuevamente mencionado luego de que el 4 de agosto de 2025 fuera detenida una copropietaria de la guardería en Arizona, Estados Unidos.
Ricardo Anaya, por su parte, se declaró víctima de persecución política cuando se le señaló por supuestamente recibir sobornos para avalar la reforma energética en tiempos de Peña Nieto. En 2021, la Fiscalía General de la República informó que Anaya habría recibido 6.8 millones de pesos de Emilio Lozoya para votar a favor de la reforma.
¿Por qué este recurso es tan común en México? Varias razones coinciden. La primera es la desconfianza histórica hacia las instituciones: una parte importante de la ciudadanía duda de la imparcialidad de la justicia, dejando espacio para que cualquier acusado se presente como víctima de un sistema corrupto.
A ello se suma la fuerte polarización política. Cada bloque interpreta las denuncias como ataques instrumentales contra ellos. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican estas posturas: los mensajes de victimización, indignación o descalificación circulan más rápido y generan mayor impacto que los matices jurídicos.
Además, la historia de impunidad y favoritismo alimenta la percepción de que, si alguien es acusado, probablemente será absuelto; y si es castigado, se debe a razones políticas, no jurídicas.
La victimización en la política mexicana se convierte así en un escudo recurrente: neutraliza críticas, cohesiona simpatías y desvía la atención del fondo de los cuestionamientos. Lo preocupante no es solo que se repita, sino que funciona: en un país con instituciones debilitadas y sociedad dividida, la narrativa de víctima sigue siendo más eficaz que la rendición de cuentas.
