Las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro, hechas en bronce y colocadas en 2017 en el Jardín Tabacalera en homenaje a su primer encuentro en esa colonia en 1955, fueron retiradas oficialmente el 16 de julio por órdenes de la alcaldía Cuauhtémoc.
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La decisión, comunicada públicamente un día después por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, ha provocado un intenso debate entre argumentos legales, posturas ideológicas y la disputa por la memoria histórica en el espacio público.
Según explicó la alcaldesa, el retiro se basó en tres irregularidades clave: la ausencia de un procedimiento formal para su instalación, incluyendo la omisión de la cédula del Comité de Monumentos; la falta de un documento oficial que avalara su colocación dentro de la alcaldía; y su custodia irregular por parte de un trabajador, sin sustento legal para ello.
Actualmente, las esculturas se encuentran resguardadas y su destino se definirá mediante un proceso de catalogación aún por resolver.
Diversos actores se han pronunciado en torno a la remoción. Grupos ciudadanos y organizaciones como Misión Rescate México CDMX celebraron la acción, argumentando que rendir homenaje a líderes asociados con regímenes autoritarios contradice los principios democráticos y de derechos humanos.
Esta postura ha sido respaldada previamente por legisladores del PAN, quienes en 2021 ya habían exigido su retiro, calificando a los personajes como “asesinos” y rechazando su exaltación en espacios públicos.
Sin embargo, también surgieron voces críticas. Defensores del patrimonio histórico y usuarios en redes sociales denunciaron que el retiro va más allá de lo administrativo, considerándolo un acto político de censura simbólica.
Para ellos, estas figuras, más allá de la polémica, constituían íconos del barrio que enriquecían la complejidad del relato histórico de la zona.
¿Deben los espacios públicos reflejar únicamente relatos consensuados o también aquellos que incomodan y provocan reflexión? Aunque la alcaldía insiste en que el retiro de las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro se basó en criterios legales, el trasfondo cultural y simbólico de la medida sigue alimentando el debate sobre quién tiene el poder de construir la memoria colectiva en la ciudad.
