El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Karla María Estrella, ciudadana originaria de Hermosillo, Sonora, deberá ofrecer una disculpa pública diaria durante 30 días por un comentario que publicó en la red social X contra la diputada local Diana Karina Barreras. Esta resolución se emitió bajo el marco legal de violencia política de género.
La resolución, emitida en junio de 2025, también contempla una multa, un curso de capacitación en materia de género y su inscripción temporal en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género.
La sanción se basa en la legislación vigente sobre violencia política por razón de género, cuyo objetivo original fue proteger a mujeres en el ejercicio del poder público.
El caso ha suscitado cuestionamientos sobre la eficacia de este marco normativo cuando se aplica a interacciones entre ciudadanos y figuras públicas en espacios digitales.
En redes sociales, el debate se ha centrado en la asimetría de poder: mientras una diputada cuenta con acceso a mecanismos institucionales para defenderse, quienes expresan críticas desde la ciudadanía enfrentan consecuencias desproporcionadas y carecen de recursos comparables.
Organizaciones especializadas en derechos digitales, como R3D, han señalado que estas sanciones, si no se aplican con criterios precisos, pueden desincentivar la participación y el escrutinio público.
Esto contrasta con la intención original de la norma: reducir la violencia y ampliar los márgenes democráticos.
Cinco años después de su incorporación al sistema legal electoral, la figura de violencia política de género enfrenta un nuevo reto: evitar que su aplicación refuerce jerarquías, en lugar de corregirlas.
Más allá del caso particular, persiste la duda sobre si las herramientas actuales logran realmente prevenir la violencia o si se han desviado hacia funciones que no estaban previstas por el legislador, debilitando así el espíritu que dio origen a la categoría de violencia política de género.
