En la arena política de América Latina, hay algo más que coincidencia cuando un expresidente es investigado y, de inmediato, otros exmandatarios —algunos igualmente procesados o exiliados— alzan la voz en su defensa. Esa solidaridad entre exmandatarios latinoamericanos no es un gesto aislado ni una cortesía diplomática; es una práctica cada vez más frecuente que revela conexiones ideológicas y estratégicas entre quienes comparten trayectorias políticas similares.
Más que obedecer a principios jurídicos, esta reacción colectiva parece responder a un código de lealtad casi tribal, que se activa al primer indicio de imputación. Un reflejo que pone en tensión el equilibrio entre la justicia y la política en la región.
La solidaridad entre exlíderes latinoamericanos cuando se enfrentan a procesos judiciales ha dejado de ser un fenómeno excepcional. Es una constante con implicaciones profundas para la justicia, la política y la confianza ciudadana.
Este fenómeno volvió a cobrar vigencia hace apenas unas semanas, cuando la justicia argentina ratificó la condena por corrupción contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, generando de inmediato reacciones en bloque de líderes como Evo Morales, Rafael Correa y Luiz Inácio Lula da Silva.
Todos han sido también protagonistas de procesos judiciales similares. Ninguno se ahorró adjetivos para denunciar lo que consideran una “persecución política” disfrazada de legalidad.
Expresso minha solidariedade à presidenta Cristina Kirchner e a seus colaboradores que tanto fizeram pelo povo argentino e pela integração sul americana. É preocupante a verdadeira caçada judicial e midiática lançada contra essa companheira a quem tanto admiro e estimo.
— Lula (@LulaOficial) December 8, 2017
Un patrón repetido
En los últimos años, las escenas se han vuelto familiares. Un líder político deja el poder y, al poco tiempo, enfrenta denuncias por corrupción, abuso de poder o malversación de fondos. Las instituciones judiciales —con distintos grados de independencia y credibilidad— inician procesos.
Mientras los fiscales investigan y los tribunales deliberan, comienza la movilización de respaldo político internacional: comunicados, cartas abiertas, pronunciamientos en redes sociales, entrevistas que denuncian lawfare y hasta declaraciones de jefes de Estado en funciones.
En diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo en Perú —acusado de intentar un golpe de Estado al disolver el Congreso— los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina emitieron un comunicado conjunto para expresar su “profunda preocupación por los hechos que resultaron en la remoción y detención del presidente”, dejando de lado el contexto constitucional del proceso.
No se trató solo de apoyo humanitario; fue una postura política clara, asumida desde un alineamiento ideológico y estratégico.
La detención ilegal del hermano @LulaOficial, pese al hábeas corpus que le devolvió su libertad, demuestra que hay un “Plan Cóndor” judicial y mediático de EEUU y la derecha regional, para perseguir y eliminar políticamente a líderes de izquierda como Correa, Dilma y Cristina. pic.twitter.com/MFkpwTo1Rw
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 17, 2018
¿Solidaridad ideológica o defensa en espejo?
La pregunta que flota en estos escenarios es si estamos ante actos legítimos de solidaridad entre pares que comparten una visión del mundo, o ante estrategias de defensa preventiva: al defender al otro, se protege el propio relato, se desacredita el sistema judicial y se refuerza la narrativa del mártir político.
No es coincidencia que muchos de estos exmandatarios compartan trayectorias similares: llegaron al poder con discursos de transformación, confrontaron a las élites económicas y mediáticas, centralizaron el poder durante sus gobiernos y, al dejar el cargo, enfrentaron procesos por decisiones tomadas bajo su administración.
En lugar de reconocer posibles excesos o errores, construyeron una explicación unificada: no son corruptos, son perseguidos por un sistema que teme su regreso.
El caso de Rafael Correa es paradigmático. Vive en Bélgica desde que dejó la presidencia de Ecuador en 2017. Ha sido condenado en ausencia por corrupción, pero sostiene que se trata de una “venganza judicial” orquestada por sus opositores.
Desde su cuenta de X (antes Twitter), ha apoyado incondicionalmente a Cristina Fernández, a Lula durante su proceso, y a Pedro Castillo, repitiendo la palabra clave del relato común: lawfare.
Poderes imperiales no perdonan al hermano Correa que haya sacado a su pueblo de la miseria y haya hecho respetar su soberanía. No le perdonan cierre de base militar en Manta. Por eso, a través de medidas judiciales injustificadas, tratan de acallarlo. @MashiRafael estamos contigo pic.twitter.com/8SeqNNjjBc
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 19, 2018
La guerra jurídica como concepto
El término lawfare —una contracción de “law” y “warfare“— ha sido apropiado por estos líderes para describir lo que consideran una instrumentalización del sistema judicial con fines políticos.
En su visión, los jueces y fiscales no actúan como operadores independientes de justicia, sino como brazos de los intereses económicos y mediáticos que buscan impedir el retorno de gobiernos populares.
Si bien en algunos contextos el término puede ser pertinente (hay sistemas judiciales cooptados por intereses políticos, y procesos judiciales con motivaciones dudosas), su uso indiscriminado ha generado una especie de inmunidad simbólica: cualquier acusación se convierte, automáticamente, en persecución. Se difumina la frontera entre la defensa legítima y la impunidad adornada de victimismo.
Con el lawfare no solo le robaron la libertad a Lula, también le robaron la democracia a Brasil.
Hoy es la oportunidad histórica para recuperarla.
¡Viva Lula!
¡Viva Brasil!
¡Viva Latinoamérica!
¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/Irdf3hMFoY— Rafael Correa (@MashiRafael) October 2, 2022
El peso simbólico del respaldo
La solidaridad entre exlíderes no es solo un gesto privado: tiene un alto contenido simbólico. Funciona como mensaje hacia sus propias bases: “si lo atacan a él, mañana pueden atacarnos a nosotros“. También proyecta fuerza, cohesión ideológica y resistencia frente a los poderes que no controlan.
En términos prácticos, puede influir en la narrativa mediática, desacreditar las investigaciones y generar presión internacional. Un expresidente investigado que logra instalar la idea de que está siendo perseguido por pensar diferente puede, incluso, rehabilitar su imagen para una futura candidatura.
Lula da Silva es el ejemplo más exitoso de esta estrategia: pasó 580 días en prisión, pero su caso fue anulado por irregularidades procesales, lo que permitió su regreso al poder. Su caso alimentó el relato de que las acusaciones contra líderes progresistas son parte de una ofensiva conservadora en toda la región. Y aunque la anulación no implicó inocencia total, fue suficiente para reconfigurar su lugar en el tablero político.
Cesa hoy una de las aberraciones más grandes del Lawfare en Latinoamérica: la privación ilegítima de la libertad del ex Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. #LulaLivre pic.twitter.com/Hev11DAe50
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 8, 2019
El riesgo de la deslegitimación
Este juego de respaldos entre figuras políticas puede tener consecuencias profundas para las democracias latinoamericanas. Cuando líderes con historial de poder deslegitiman, sistemáticamente, a las instituciones judiciales de sus países, contribuyen a erosionar la confianza ciudadana.
Si cada investigación se presenta como persecución, ¿qué margen queda para que la justicia actúe con credibilidad?
Al mismo tiempo, no puede ignorarse que hay países donde el poder judicial sí ha sido utilizado como arma política, o donde la independencia judicial está comprometida. Pero una cosa es denunciar casos específicos con pruebas y otra es descartar cualquier proceso penal contra figuras políticas como conspiración.
La ambigüedad es funcional: permite defender aliados sin necesariamente discutir el fondo de las acusaciones. Se defiende el relato, no los hechos. Se apela al símbolo, no al expediente.
Como hoy, 2007, la hermana Cristina Fernández asumió la presidencia de Argentina. Fue la primera mujer presidenta elegida democráticamente en su país. Implementó un programa que favoreció a los marginados. Ahora está siendo objeto de una cacería judicial y mediática.Nuestro apoyo pic.twitter.com/U99cRjfK7z
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 10, 2017
Un nuevo tipo de multilateralismo informal
En un continente donde las estructuras regionales formales como UNASUR o CELAC han perdido protagonismo, este tipo de solidaridad entre exmandatarios opera como una red informal de respaldo ideológico. No responde a diplomacia institucionalizada, sino a afectos políticos y a conveniencias compartidas.
Se trata de un nuevo tipo de multilateralismo, donde las afinidades superan los marcos legales, y la narrativa de resistencia se impone sobre la presunción de responsabilidad. Los exlíderes no actúan como ciudadanos ante la ley, sino como íconos frente a una batalla que consideran histórica.
¿Y el ciudadano?
La pregunta final es qué lugar ocupa el ciudadano común ante este entramado de solidaridades y narrativas. ¿Debe confiar en que los procesos judiciales contra figuras poderosas son legítimos? ¿O debe asumir que la política está irremediablemente contaminada y que los tribunales son solo escenarios de revancha?
Ni el cinismo total ni la fe ciega en los poderosos son caminos sostenibles. Lo que América Latina necesita no es más líderes impunes ni más mártires fabricados, sino una justicia robusta, transparente y capaz de distinguir entre persecución y rendición de cuentas.
En tanto eso no ocurra, la solidaridad entre exmandatarios latinoamericanos seguirá siendo, para muchos, un espejo de privilegio y, para otros, una trinchera simbólica donde la verdad se disputa al ritmo de los aplausos ideológicos.
