En Palestina, donde la historia, la política y el conflicto se entretejen, la violencia se repite como un eco interminable: bombardeos, ataques, bloqueos, cohetes, atentados. La guerra entre Hamás e Israel no solo se mide en ataques, sino en un ciclo de violencia que mantiene a los civiles atrapados y bloquea toda posibilidad de paz.
En el marco del inicio de un acuerdo para la paz, hay varios elementos importantes a tomar en cuenta para no perder de vista lo que está en juego en un momento en que las peores atrocidades parecen haberse normalizado.
Cada acción de odio genera otra, alimentando un patrón de represalias que deja a muchos atrapados en una dinámica que impide toda posibilidad de vida normal y perpetúa la desconfianza mutua que impide la paz.
Contrario a la opinión de algunos, quizá no se trata de comparar motivos ni efectos de Hamás o Israel: las decisiones de unos y otros surgen de contextos distintos y no son equivalentes. Aún así todas tienen consecuencias directas sobre la vida de quienes viven con temor.
Las consecuencias directas sobre los civiles
Las restricciones severas de movimiento en la región impiden el acceso a servicios básicos como agua, alimentos, electricidad, atención médica y educación. Los bloqueos y controles fronterizos refuerzan esta tremenda precariedad y desesperanza que afecta cada aspecto de la vida cotidiana.
Escuelas y hospitales, lejos de ser refugios seguros, se ven expuestos o directamente dañados durante los enfrentamientos, interrumpiendo servicios esenciales y dejando a comunidades enteras sin protección.
A esto se suma el miedo constante generado por ataques lanzados desde zonas controladas por grupos armados y por los bombardeos en áreas densamente pobladas, que multiplican las víctimas civiles.
Niños, mujeres, ancianos y familias completas soportan las consecuencias más duras de una violencia que no distingue entre combatientes y no combatientes, provocando un sufrimiento colectivo que trasciende generaciones.
La magnitud del sufrimiento civil en Palestina es alarmante y tangible: más de 45,000 palestinos han perdido la vida y más de 100,000 han resultado heridos en Gaza desde el inicio de los recientes enfrentamientos, según reportes de la ONU.
Entre las víctimas, al menos 14,500 eran niños, un promedio de 32 menores fallecidos cada día, reflejando el impacto desproporcionado sobre los más vulnerables. La violencia ha forzado un desplazamiento masivo, dejando a casi toda la población de Gaza sin hogar y dependiente de ayuda humanitaria urgente.
Por su parte, desde el ataque del 7 de octubre de 2023, Israel también ha sufrido pérdidas significativas en su población civil. Según datos oficiales, aproximadamente 1,200 israelíes perdieron la vida en ese ataque, incluyendo 695 civiles, 71 ciudadanos extranjeros, y 373 miembros de las fuerzas de seguridad . Este ataque, llevado a cabo por Hamás, se considera el más mortífero en la historia reciente de Israel.
El castigo al incumplimiento
El derecho internacional humanitario establece normas claras para proteger a las personas no combatientes en contextos de conflicto armado. Las acciones militares que ponen en riesgo a civiles o destruyen infraestructura esencial —como hospitales, escuelas o fuentes de agua— constituyen violaciones a la ley internacional y atentan contra la dignidad humana.
Este marco jurídico se sostiene sobre tres principios fundamentales: distinción, que exige diferenciar entre combatientes y no combatientes; proporcionalidad, que prohíbe causar daños excesivos en relación con el objetivo militar; y precaución, que obliga a tomar todas las medidas posibles para minimizar el sufrimiento de la población civil. Así fue establecido en las convenciones de Ginebra.
Sin embargo, en los últimos años, estos principios han sido vulnerados de manera reiterada. La falta de respeto a las normas humanitarias no solo genera consecuencias legales, sino también morales, al erosionar la legitimidad de las partes involucradas y normalizar el sufrimiento civil.
Cada violación representa no solo un incumplimiento jurídico, sino una afrenta ética a los valores universales de humanidad que el derecho internacional ha buscado preservar incluso en medio de la guerra, aunque a veces no del todo.
La persistencia del ciclo
Romper este ciclo requiere más que declaraciones de buena voluntad. Implica reconocer la responsabilidad por las acciones que afectan a los más vulnerables, implementar medidas concretas de protección y garantizar que los principios del derecho internacional se respeten.
También exige reconocer el impacto simbólico y psicológico de la violencia, así como tomar pasos tangibles para restaurar la seguridad, la dignidad y la confianza de todos. La reconciliación debe surgir de políticas que prioricen la vida de los civiles, la transparencia en las decisiones militares y la creación de espacios donde la justicia y la protección de derechos sean centrales.
Cuando la violencia deje de ser la respuesta automática y se reduzcan los incentivos para actos crueles o oportunistas, se abrirá una ventana para el diálogo y la reconstrucción de la convivencia.
La guerra no es solo un enfrentamiento militar, sino un fenómeno social y psicológico: reconocer sus consecuencias, cumplir con normas internacionales y proteger a los civiles son pasos esenciales para construir condiciones en las que la paz pueda convertirse en una posibilidad concreta. Hasta que la dignidad de los civiles sea respetada, ninguna guerra podrá llamarse justa ni ningún acuerdo verdadero.
Lo que está en juego es la vida, la seguridad y la dignidad de los civiles palestinos e israelíes, atrapados en un conflicto que destruye su cotidianidad y bloquea toda posibilidad de paz. El anuncio de un acuerdo ha generado expectativas, pero no ha cambiado las condiciones de vulnerabilidad ni reducido los ataques, dejando la protección de los más vulnerables como un pendiente crítico.
Para que la paz sea real, se requieren medidas concretas: respeto al derecho internacional, protección efectiva de civiles, reconstrucción de infraestructura esencial y reducción de incentivos para la represalia. Solo así los acuerdos podrán transformarse en cambios tangibles y el conflicto en Palestina dejará de serlo.
