A pesar de los avances institucionales, luchar por las personas desaparecidas en México sigue siendo una actividad de alto riesgo. Ante esta situación, la ONU busca proteger a mujeres buscadoras del hostigamiento sistemático. La realidad para los colectivos es alarmante: el 97% de las integrantes ha sufrido algún tipo de violencia, según datos recientes de Amnistía Internacional.
Las agresiones incluyen amenazas, hostigamiento, violencia verbal y física. En muchos casos, estas mujeres enfrentan el abandono institucional mientras se internan en terrenos dominados por el crimen organizado, sin más respaldo que su convicción y la solidaridad entre compañeras. Para ellas, la búsqueda no sólo implica escarbar la tierra; también significa resistir la impunidad, desafiar al poder local y exponerse a represalias.
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Entre 2000 y 2024, sólo en seis años se registraron descensos en las cifras de gente no localizada: 2003, 2012, 2015, 2018, 2020 y 2022. En 2023 se reportaron 10,315 casos, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 114,069 personas desaparecidas, lo que representa un incremento del 6.3 % respecto al año anterior.
Ante este panorama, el Estado mexicano reconoció recientemente las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, que urgieron al país a proteger a las madres buscadoras y a garantizar su derecho a la verdad y la justicia.
El Comité enfatizó que, tras su reconocimiento, el Estado mexicano debe incorporar a las buscadoras al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, con el objetivo de que puedan acceder a medidas preventivas de protección y no únicamente a acciones reactivas una vez que han sido víctimas de agresiones.
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En respuesta, el Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de las Mujeres, aseguró que se trabaja en reformas y mecanismos de atención más sensibles al contexto. También se resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres y la incorporación del concepto de familia social en las búsquedas, así como la instalación de más de diez mesas de trabajo para fortalecer la colaboración con fiscalías estatales.
Aun con estos compromisos, el peligro sigue latente. La violencia no ha cesado, y la protección prometida rara vez se traduce en acciones concretas. Las madres buscadoras continúan enfrentando amenazas, indiferencia y soledad. Su lucha, sin embargo, sigue siendo un símbolo de dignidad ante el abandono. Y aunque ahora hay reconocimiento oficial, su mayor exigencia no ha cambiado: encontrar a sus seres queridos sin tener que arriesgar la vida por ello.
