La militarización de protestas en EE.UU. vivió un nuevo episodio la madrugada del 7 de junio de 2025, cuando el presidente Trump ordenó el despliegue de 2 000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles. La medida fue oficializada mediante un memorando que alegaba “proteger instalaciones federales y personal” ante protestas masivas contra redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Al día siguiente, las calles de la ciudad se convirtieron en epicentro de tensión. Manifestantes bloquearon la autopista 101, incendiaron vehículos autónomos de Waymo, alzaron banderas mexicanas y corearon consignas de “Abolish ICE” (Abolir el ICE).
Desde las filas de la protesta, organizaciones defensoras de migrantes denunciaron que las redadas implicaron detenciones indiscriminadas (al menos 44 en la víspera), incluso de personas con residencia legal, y acusaron al gobierno federal de criminalizar a las familias.
La respuesta del gobierno federal fue firme. Trump calificó a los manifestantes de “insurrectos” y amenazó: “si escupen, los golpeamos”. En los operativos, la Guardia Nacional y agencias federales respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras.
En contraste, las autoridades locales y estatales rechazaron el movimiento. El gobernador Gavin Newsom cuestionó la legalidad de federalizar la Guardia sin su consentimiento y lo calificó de “dictatorial”. Por su parte, la alcaldesa Karen Bass advirtió que era una “escalada caótica” y que empeoraría las tensiones.
Expertos legales señalan que el uso de tropas bajo Título 10 (sin invocar el Acta de Insurrección) abre un nuevo rumbo, casi sin precedentes, al militarizar protestas civiles en Estados Unidos.
Desde la opinión pública, la crítica no se hizo esperar. El senador Bernie Sanders tildó la acción de “autoritaria”, y medios como The Guardian sugirieron que Trump busca redirigir la atención hacia un “enemigo interno”.
En el otro extremo, figuras conservadoras respaldaron la decisión. Funcionarios del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) defendieron las redadas, alegando que se arrestó a delincuentes violadores, y que proteger la infraestructura federal era indispensable.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, incluso dijo que los marines de Camp Pendleton estaban “en alerta máxima”, listos para reforzar si la violencia escalaba.
Al caer la tarde del 8 de junio, se reportaron más de 100 arrestos y varias decenas de heridos entre protestantes y agentes. El episodio refleja un panorama enrarecido por humo, caos urbano y una fractura nacional que, bajo el lente de la militarización de protestas en EE.UU., va mucho más allá de la política migratoria.
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