La reciente elección judicial en México marcó un hecho inédito en la historia democrática del país: por primera vez, la ciudadanía votó directamente para elegir a jueces, magistrados y ministros. Aunque la participación fue baja (alrededor del 13 %), se emitieron más de 458 millones de votos, de los cuales una cuarta parte fueron anulados, en parte debido al uso de “acordeones” o plantillas de votación.
Pese a las irregularidades en la elección judicial en México, celebrada el 1 de junio del 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proceso electoral con una votación dividida: seis consejeros a favor y cinco en contra. Aunque se reconoció la existencia de anomalías, como el uso masivo de estos instructivos en miles de casillas, el INE concluyó que no alteraron sustancialmente los resultados.
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Una de las principales controversias gira en torno a los perfiles de algunos ganadores. La consejera Carla Humphrey advirtió que varios de ellos podrían perder sus cargos por violar la ley 8 de 8 contra la violencia, que impide asumir cargos públicos a personas con antecedentes de violencia de género, abuso sexual o incumplimiento de pensiones alimenticias. Entre los señalados están Jaime Vladímir Ángel Cisneros de la Cruz, denunciado por acoso, y Sergio Díaz Rendón, acusado de ser deudor alimentario.
Además, colectivos ciudadanos habían identificado previamente al menos 24 perfiles considerados de “alto riesgo”, algunos vinculados incluso a delitos graves o a organizaciones criminales. Uno de los casos más alarmantes es el de Héctor Ulises Orduña Hernández, elegido en Veracruz, quien fue detenido por abuso sexual infantil.
A pesar de las críticas de organismos como la OEA, que cuestionaron la rapidez e improvisación del proceso, el gobierno federal ha defendido la legitimidad de la elección. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que esta vía de elección es más democrática que las decisiones tomadas entre élites políticas.
Aún queda pendiente el proceso de fiscalización y posibles impugnaciones, que deberán resolverse antes del 28 de agosto. Si no hay cambios, los nuevos integrantes del Poder Judicial tomarán protesta el 1 de septiembre y la elección judicial en México quedará marcada por la falta de participación ciudadana y la veracidad de los resultados.
