El eterno reordenamiento del comercio informal en la Ciudad de México y los parches del gobierno es el tema central que define la realidad diaria de las calles capitalinas. El comercio informal en la Ciudad de México es el reflejo vivo de una economía que no logra generar suficientes empleos formales ni bien pagados. No se trata solo de ver puestos de comida o ropa en las banquetas, sino de entender cómo millones de personas encuentran en la calle la única forma de llevar dinero a sus casas. A pesar de que las autoridades presentan nuevos planes cada cierto tiempo, la realidad es que el problema sigue ahí porque se ataca el síntoma y no las causas principales.
De acuerdo con los datos oficiales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 55 por ciento de la población ocupada en el país trabaja en la informalidad. Esto equivale a más de 33.4 millones de personas que no cuentan con un salario fijo, prestaciones de ley, servicio médico ni pensión para el retiro.
En la Ciudad de México la situación es igual de visible, pues en pasajes del Centro Histórico, alcaldías como Cuauhtémoc, Iztapalapa o Gustavo A. Madero y salidas del metro, el comercio en la vía pública es la fuente de ingresos predominante. Por este motivo, el eterno reordenamiento del comercio informal en la Ciudad de México y los parches del gobierno se mantiene como una discusión sin fin entre comerciantes, vecinos y autoridades.
La crítica central a la manera en que opera este sector radica en que el vendedor ambulante no trabaja en libertad absoluta ni gratis como muchos piensan. Para ocupar un pedazo de banqueta o instalar un puesto metálico, el comerciante debe pagar cuotas diarias a líderes de organizaciones, negociar con inspectores o pagar cobros por uso de suelo. El dinero que pudiera destinarse a un registro formal o al pago de impuestos termina en manos de intermediarios o de redes clientelares que utilizan el espacio público como un botín político y económico.
Frente a esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, aplica el Plan Maestro para el Reordenamiento del Centro Histórico a través de la Secretaría de Gobierno, intensificando operativos para retirar y regular a miles de comerciantes en avenidas principales como Eje Central, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y los pasillos de la Alameda Central. La versión oficial sostiene que estas acciones buscan erradicar el comercio ilegal, recuperar la movilidad peatonal y mejorar la seguridad urbana. La intención de mantener despejadas las calles es comprensible, pero reubicar a la gente en plazas comerciales vacías o alejadas sin garantizarles clientes solo empuja a los vendedores a regresar a la vía pública pocos días después.
Por otra parte, en el Congreso de la Ciudad de México se han presentado iniciativas de ley para crear las llamadas Zonas Especiales de Comercio y Cultura Popular, además de padrones únicos de comerciantes. El objetivo es pasar de la persecución policiaca a un esquema de permisos temporales con reglas claras de protección civil. Sin embargo, estas medidas corren el riesgo de quedarse en el papel si los trámites siguen siendo lentos, costosos y confusos para la gente común. Si formalizar un pequeño negocio en la capital requiere decenas de permisos y pagos de impuestos antes de vender el primer producto, la calle seguirá siendo la opción más lógica para sobrevivir.
El comercio informal en la Ciudad de México necesita soluciones de fondo y no solo operativos de limpieza para la foto. Las autoridades deben simplificar los trámites de formalización, ofrecer créditos accesibles y garantizar seguridad social para que los comerciantes puedan dejar la incertidumbre de la calle. Mover a los vendedores de una esquina a otra sin resolver la falta de empleo formal solo demuestra que el eterno reordenamiento del comercio informal en la Ciudad de México y los parches del gobierno sigue siendo la misma historia de siempre.

