Este jueves 25 de septiembre se llevó a cabo la conferencia de prensa por la asociación Salvemos Miles de Vidas bajo el lema “El aborto es salud, no delito, así de simple”, con el objetivo de denunciar el aumento de carpetas de investigación por el delito de aborto en México. La agrupación enfatizó que el aborto como un derecho debe ser garantizado en todo el país, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya inició con el proceso de la despenalización a nivel nacional.
En lo que va de 2025 se han abierto 522 carpetas de investigación por aborto. La organización señaló que esta situación se debe a que el aborto está ligado directamente a la legislación penal, hecho que activa una posible investigación de delito, aunque es un proceso que ya está legalizado. Recordaron que aún en varios estados no se han realizado las reformas necesarias en sus códigos penales, lo que impide reconocer plenamente el aborto como un derecho.
La red de especialistas destacó que esta doble normativa —sanitaria y penal— genera inseguridad jurídica, barreras institucionales y temor entre el personal médico, que puede ser investigado por realizar procedimientos contemplados en la legislación en materia de salud. Insistieron en que garantizar el aborto como un derecho es también proteger al personal de salud.
“Nosotras como médicas y médicos no estamos para juzgar a nadie, estamos para acompañar, orientar, no para decir si hicieron bien o mal, eso qué importa, es la vida de las mujeres. Colegas, no tengan miedo de alzar la voz, no tengan miedo de salvar la vida de las mujeres que nos piden ayuda”, afirmó la Dra. Blanca Estela Kempis Robles, subrayando nuevamente la importancia de reconocer el aborto como un derecho.
Los ponentes también destacaron que el aborto seguro bajo estándares médicos no genera traumas; el riesgo está en forzarlo a realizarse en condiciones clandestinas o inseguras. Finalmente, la asociación exigió a los congresos locales que armonicen sus legislaciones y trasladen la regulación del aborto a la legislación sanitaria, con el argumento de que la salud es un derecho esencial y no debe estar condicionado por disposiciones penales, reafirmando así el aborto como un derecho.
