Un tribunal del estado de Jalisco hizo justicia: 10 criminales del Rancho Izaguirre fueron condenados a 141 años y tres meses de prisión tras comprobarse su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y desaparición de personas.
El operativo que condujo a su detención ocurrió el 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron al rancho, ubicado en Teuchitlán, tras recibir un reporte de disparos. En el lugar fueron rescatadas dos personas secuestradas y se halló el cadáver de un hombre con traumatismo craneoencefálico, además de armas largas, granadas, chalecos antibalas y otros materiales tácticos.
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Investigaciones posteriores confirmaron que el rancho operaba como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde al menos 2021. Además, en marzo de 2025, colectivos de búsqueda hallaron en el lugar más de 1,300 objetos personales y huesos en descomposición, lo que levantó sospechas sobre el uso del sitio como posible campo de exterminio.
Sin embargo, las autoridades federales rechazaron esa versión al argumentar que no se encontraron instalaciones que indicaran el uso del lugar como crematorio. Aun así, la sentencia marca un avance importante en la justicia: criminales del Rancho Izaguirre fueron condenados por actos que revelan un patrón de violencia sistemática y desapariciones forzadas.
También se encuentran implicados tres policías municipales de Tala y el entonces alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, quien presuntamente recibía pagos del CJNG. La Fiscalía General de la República atrajo el caso meses después del operativo, ante las denuncias por omisiones e irregularidades en el manejo inicial de las evidencias.
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Para familiares de desaparecidos y colectivos de búsqueda, la decisión judicial no repara el daño, pero es un precedente significativo que 10 criminales del Rancho Izaguirre fueron condenados en Jalisco, donde por años se sobrepuso la impunidad.
El caso ha reavivado el debate sobre la crisis de desapariciones en México, donde más de 110,000 personas siguen sin ser localizadas, y ha expuesto nuevamente la colusión entre autoridades locales y el crimen organizado.
