Desde 2016 a la fecha, al menos 84 activistas defensores del medio ambiente han sido asesinados en México, según organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Red de Derechos Humanos de la Tierra.
Según las mismas organizaciones, en 2024, 25 activistas fueron ejecutados, de los cuales, 21 murieron por ataques directos y 4 por ejecuciones extrajudiciales presuntamente vinculadas a agentes del Estado. De los 84 defensores asesinados, entre 2016 y julio de 2025, 44 pertenecían a pueblos indígenas.
En medio de estas cifras alarmantes, miles de activistas salieron el 11 de octubre a las calles de la Ciudad de México con el lema “Ballenas sí, gaseras no”, para exigir el cese inmediato de proyectos de extracción de recursos naturales y de destrucción del medio ambiente que, aseguran, avanzan con la complicidad del Estado.
La movilización, denominada “Primera Marcha por el Clima, la Vida y el Futuro”, partió de la Estela de Luz hacia el Monumento a la Revolución. Con pancartas, batucadas y consignas, los manifestantes reclamaron, por ejemplo, la cancelación del proyecto gasero Saguaro LNG en Sonora, impulsado por la empresa Mexico Pacific Limited, debido a su impacto ambiental y el desplazamiento de comunidades costeras.
“El progreso no puede construirse sobre la muerte de quienes defienden la tierra”, expresó una integrante del colectivo Defensoras del Territorio y el Agua.
Los manifestantes exigieron al Gobierno Federal el reconocimiento y la protección efectiva de las personas defensoras ambientales, así como justicia para las víctimas de agresiones y asesinatos.
De acuerdo con el Cemda, México vive una crisis de impunidad ambiental, ya que en más del 95 % de los casos de agresión, los responsables no son castigados. Además, las organizaciones señalaron que muchos ataques están vinculados a megaproyectos energéticos, mineros y turísticos, avalados por autoridades locales y federales.
También exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum revisar los proyectos energéticos de alto impacto ambiental y promover una política climática que priorice la vida, los derechos humanos y la participación comunitaria.
